4 oct. 2011

Se presenta otra iniciativa en el Congreso para ampliar el régimen de donatarias autorizadas

El martes 27 de septiembre la Diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD), Secretaria de la Comisión de Hacienda, presentó en la sesión del pleno del Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar la Fracción XXI al Artículo 95 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) en la que se hace referencia a cada una de las actividades señaladas en el Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Ley de Fomento). Esta nueva iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y se puede consultar en la Gaceta Parlamentaria aquí.

Las organizaciones del Colectivo damos la bienvenida a esta nueva iniciativa porque, sumada a otra, presentada en abril de este año por la Diputada Marcela Torres y el Diputado Jesús Cantú (PAN) que se puede consultar aquí, muestra el interés de nuestros representantes en el Legislativo por fortalecer al sector de OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil). Abona también a la urgencia de que los legisladores que integran la Comisión de Hacienda, antes de que termine el período de sesiones, debatan sobre el tema y elaboren un dictaminen que garantice que todas las actividades que realizan las OSC, que ya son reconocidas como de interés público, sean sujetas a recibir autorización como donatarias por el SAT.

¿Cuáles son las similitudes y diferencias de las dos iniciativas?

Ambas iniciativas coinciden, en su exposición de motivos, con el propósito de homologar el marco fiscal con la Ley de Fomento para dar garantías y fortalecer a la ciudadanía organizada.

La diferencia más importante es que la iniciativa Torres-Cantú propone que las actividades de las OSC que señala la Ley de Fomento se incorporen en un nuevo inciso (el i) a la Fracción VI del Artículo 95, referida a las actividades asistenciales. Para recibir la autorización, las OSC que realizan actividades incluidas en esta Fracción deben tener “como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad”.

La iniciativa Anaya enumera las actividades del artículo 5 de la Ley de Fomento, como una fracción adicional (la fracción XXI) al Artículo 95 de la LISR, al mismo nivel que las actividades asistenciales, educativas, culturales, científicas que ya se reconocen.

En términos prácticos, ¿qué significan esta diferencia en las iniciativas? En 2005, se añadió en la Fracción VI de actividades asistenciales de la LISR el inciso h) “apoyo y promoción de los derechos humanos”. Se esperaba que esta reforma diera entrada a que las organizaciones defensoras de derechos humanos fueran sujetas a ser autorizadas como donatarias. Sin embargo, cuando estas OSC solicitan al SAT la autorización se les condiciona a que demuestren que trabajan con “grupos vulnerables” y que el objeto social de sus estatutos también se refiera a que su “actividad preponderante” es apoyar a grupos de población vulnerables.

Estos requisitos se convirtieron en un obstáculo para varias OSC que promueven el enfoque de los derechos humanos para toda la población o de ciertos grupos, que non los grupos vulnerables de indígenas, mujeres, niños o con discapacidad que define la Ley.

Como Karime Suri, Directora de Incide Social, menciona en su video, ver aquí, las OSC que tienen como objeto social promover derechos humanos, no buscan “hacer asistencia social”; por el contrario “promueven el enfoque de derecho- habientes, y no el de beneficiarios”. En la misma lógica, defender la libertad de expresión y proteger los derechos humanos de los periodistas o defender los derechos de los consumidores no podrían catalogarse como “grupos vulnerables”.

Igualmente, el testimonio de Raúl Mendoza, Director de Germinalia, ver aquí, muestra la imposibilidad de que las OSC de fomento educativo sean donatarias autorizadas, si no realizan de manera preponderante trabajo con grupos de población vulnerable.

Como muestran estos testimonios, incorporar las actividades de las OSC en la Fracción VI (asistencia social) del artículo 95 de la LISR seguirá excluyendo a muchas OSC del acceso a este beneficio fiscal al que tienen derecho. Para evitar que el SAT les pida modificar la redacción de su objeto social a las OSC que trabajan en la equidad de género, la educación cívica, la promoción de la economía solidaria, la transparencia y el acceso a la información, por el de asistencia social o las excluya porque no benefician a grupos vulnerables, es necesario que las actividades del artículo 5 de la Ley de Fomento se incluyan en una fracción aparte del artículo 95 de la LISR.

Además, la nueva iniciativa da un margen de otros 90 días hábiles para que la Comisión de Hacienda tenga tiempo de dictaminarla, pues no sabemos si se ha dado como vencido el plazo de dictaminación de la iniciativa presentada en abril y si todavía podría ser rescatada.

Al redactar la Ley de Fomento, los legisladores tenían la claridad que los problemas del país no se resolverían solamente con asistencia o atendiendo a grupos vulnerables. El papel de las OSC no debería limitarse a complementar las acciones gubernamentales, sino también promover nuevas soluciones, nuevos temas en la agenda pública y a servir de contrapeso a empresas y gobiernos.

LOS MÁS LEÍDOS